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Figura en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno a las Cortes
El CERMI celebra la propuesta de crear una nueva asignación tributaria para fines sociales en el Impuesto de Sociedades
Obedece a una demanda del Tercer Sector de contar con nuevas fuentes de financiación para programas sociales y de inclusión de ámbito estatal
04/04/2018
El CERMI celebra la decisión del Gobierno, incluida en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 presentado ante las Cortes, de crear una nueva asignación tributaria del 0,7 % destinada a fines sociales y de inclusión de ámbito estatal en el Impuesto de Sociedades. El CERMI juzga muy positiva esta propuesta del Gobierno pues significa dedicar más recursos a programas sociales y de inclusión que favorecen la cohesión y la solidaridad interregionales.
Según el texto del proyecto de Ley de Presupuestos, en concreto la disposición adicional nonagésima tercera, se establece una asignación tributaria de nuevo cuño para dedicar “cantidades a actividades de interés general consideradas de interés social”.
En virtud de la misma, “el Estado destinará a subvencionar actividades de interés general consideradas de interés social, en la forma que reglamentariamente se establezca, el 0,7 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los contribuyentes cuyo periodo impositivo hubiese finalizado a partir de la entrada en vigor de esta ley, que manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido”.
Además, precisa la redacción del Proyecto de Ley, “estas cuantías destinadas a estas subvenciones que en todo caso se destinarán a financiar proyectos de entidades de ámbito estatal-, se gestionarán y se otorgarán de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se establezca”.
Cohesión y solidaridad interregional
Esta nueva asignación tributaria, demandada por el tercer sector de acción social y por el movimiento organizado de la discapacidad, se sumaría a la ya existente en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, que tras el cambio de modelo operado en 2017 como consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional, ha pasado a ser gestionada en un 80 % por las Comunidades Autónomas, dejando muy debilitada la dimensión social estatal.
El
CERMI juzga muy positiva esta propuesta del Gobierno pues significa dedicar más recursos a programas sociales y de inclusión, de ámbito estatal, que favorecen la cohesión y la solidaridad interregionales, atenuando las diferencias por razón del territorio, suponiendo asimismo una nueva vía para la sostenibilidad de la acción social desde la iniciativa cívica sin ánimo de lucro.
El sector social de la discapacidad articulado en torno al CERMI espera que esta medida se materialice con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y pide a los grupos políticos el apoyo a la misma.
